Altos representantes de la Corte Penal Internacional se reúnen en Madrid con delegados venezolanos

En la sede de la Abogacía Española en Madrid se llevó a cabo, este 28 de junio, el encuentro entre altos funcionarios de la Corte Penal Internacional y una comisión de juristas, abogados, y destacados dirigentes opositores venezolanos en el marco de la ponencia “Víctimas ante los crímenes internacionales. La protección jurídica de las víctimas en Venezuela”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Victoria Ortega Ortíz, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, quien destacó la importancia de la presencia de los representantes de la CPI en Madrid para explicar los mecanismos del tribunal internacional en la materia.

"Es necesario atender la grave situación humanitaria que ha producido un éxodo masivo de venezolanos, solo comparable con la situación de los refugiados sirios. Confirmo el compromiso de la Abogacía Española en la denuncia de las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela ante las jurisdicciones internacionales competentes" señaló Ortega Ortíz.

La sesión estuvo dirigida por el abogado y PhD en Derecho Blas Imbroda, Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, quien ofreció un balance de las denuncias consignadas por su despacho ante la CPI, documentadas con pruebas y evidencias de riguroso carácter técnico-jurídico que precisa la Corte durante el proceso de análisis en la fase del Examen Preliminar del caso sobre Venezuela.

El abogado español fue enfático al solicitar a la Fiscal Fatou Bensouda el inicio de la investigación sobre el asunto, en tanto y en cuanto se han consignado suficientes pruebas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Asimismo, destacó la labor de la Oficina Pública de Defensa de las víctimas de la Corte Penal Internacional, representada en este acto por los abogados Paolina Massida y Alejandro Kiss.

La delegación venezolana estuvo representada por el Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; el abogado y destacado representante de víctimas venezolanas ante la CPI, Juan Carlos Gutiérrez; el abogado y presidente de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, defensor derechos humanos ante la CPI, William Cárdenas; el abogado y Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Ramsis Ghazzaoui; el presidente-editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero; PhD Derecho Internacional, experto en protección de la inversión extranjera en Venezuela, Simón Pedro Deffendini; PhD Derecho Internacional, experto en derechos humanos, Eduardo Troconis; el representante de la ONG Foro Penal Venezolano, Santiago de Viana; la madre del joven Neomar Lander, asesinado en las protestas de 2017, Zugeimar Armas; y la periodista, doctoranda en Derecho Penal Internacional y derechos humanos, Soranib Hernández de Deffendini.

Autoría penal de los altos dirigentes del Estado

Durante su intervención, el jurista Alejandro Kiss, explicó los fundamentos jurídicos que la Corte Penal Internacional emplea para estudiar y analizar las pruebas recibidas, con la finalidad de poder determinar la responsabilidad penal internacional (RPI) de los acusados ante la CPI.

La doctrina se basa en las figuras penales de autoría desarrolladas por el jurista alemán Claus Roxin. Esta base permite atribuir adecuadamente las responsabilidades penales de los altos dirigentes de un Estado por la violación grave de derechos humanos, en un contexto de ataques sistemáticos y a gran escala, dirigidos contra una parte de la población civil por razones, políticas, religiosas, ideológicas y/o étnicas.

Kiss señaló que en el marco de este análisis también se toma en consideración la práctica sustantiva y procesal previa tanto de la CPI, como de otros tribunales penales internacionales, que permitan arrojar luz sobre la interpretación de las normas aplicables, cuya finalidad es la de identificar las autorías de aquellos altos agentes del Estado que se escudan detrás de los ejecutores materiales de los crímenes internacionales para evadir su responsabilidad penal internacional. Es por ello que se considera indispensable distinguir entre autor y partícipe para establecer las condenas apropiadas, puntualizó.

El jurista manifestó su interés sobre la supuesta relación entre la estructura de poder de Venezuela y la actuación de civiles armados denominados “colectivos” en la presunta comisión de crímenes internacionales, ello en el posible contexto de atribuir o no responsabilidades por la omisión del deber de evitar la perpetración de los crímenes  de lesa humanidad sobre los cuales pudiera conocer la Corte, con base en el artículo 7 del Estatuto de Roma.

“Tengan la seguridad de que los jueces de la Corte estudian con absoluta independencia e imparcialidad todos los asuntos remitidos a la Corte Penal Internacional” añadió el alto representante de la CPI para confirmar el compromiso de este Tribunal con la justicia penal internacional.

La protección de las víctimas de graves violaciones de DDHH

Por su parte, la abogada Paolina Massida, confirmó a los delegados venezolanos que la Oficina Pública de Defensa de las víctimas de la Corte Penal Internacional que el asunto sobre Venezuela se encuentra en la segunda fase del Examen Preliminar, relativo a la indagación de las víctimas y victimarios de la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte. Explicó el sistema de reparaciones a las víctimas  basado en un fondo fiduciario para  la satisfacción de las mismas bajo un esquema de ayudas pecuniarias, que permita la reconstrucción de la vida de quienes han sufrido atrocidades por parte del Estado.

“No obstante, aun cuando una dotación económica no puede sustituir ni reemplazar  la vida perdida de los seres queridos, la Corte Penal Internacional pretende que este apoyo sea útil  desde el punto de vista psicológico, social  y estructural a las víctimas y sus familiares” señaló.

Massida sugirió a los abogados, juristas y dirigentes políticos venezolanos presentes en la reunión consignar una memoria jurídica que siguiendo la metodología de la Corte permita demostrar no solamente los actos violatorios de DDHH, sino también el supuesto patrón sistemático y el plan común desarrollado por el Gobierno de Venezuela  para reprimir a los venezolanos. Asimismo, destacó que el éxodo de más de cuatro millones de venezolanos, aunado a la presencia de muchas víctimas en territorio europeo,  pudiera ser un elemento favorable para demostrar la gravedad de la situación (y que dada la proximidad con la sede de la Corte) y facilitar que las víctimas asistan a la CPI en calidad de testigos.

La abogada tomó nota del testimonio de la madre de Leomar Lander, quien relató los hechos en los cuales falleció su hijo a manos de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano en 2017. Todas estas recomendaciones -señaló- pudieran servir para acelerar el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. 

Planteamientos de la delegación venezolana a la Corte Penal Internacional

Luego de la exposición de los altos representantes de la CPI, se desarrolló una ronda de preguntas y planteamientos por parte de los delegados de Venezuela. El abogado Juan Carlos Gutiérrez, en su turno de palabr,  presentó un esbozo de las diversas denuncias sobre la  comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela consignadas por su despacho ante la Corte. Explicó que los elementos contextuales de los crímenes perpetrados, aunado a los informes forenses, declaraciones de testigos y víctimas, constituyen suficientes evidencias que debería considerar la Fiscalía para dar inicio a investigación. Durante su presentación expuso datos contundentes sobre la sistematicidad en el patrón de comisión de los crímenes internacionales y la gravedad de los hechos como requisitos de admisibilidad ante la Corte.

Por su parte, el abogado William Cárdenas recordó a los panelistas que las denuncias sobre las atrocidades cometidas en Venezuela datan del año 2003, contra el entonces Presidente Hugo Chávez, y que a través de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid ha consignado  denuncias contra Nicolás Maduro y otros 20 altos funcionarios civiles y militares del Gobierno venezolano. Señaló que los crímenes  denunciados ante la Fiscalía ocurrieron entre el 1 de abril al 15 de agosto de 2017, y fueron presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados actuando bajo aquiescencia del régimen. Cárdenas insistió en la necesidad del inicio de la investigación por la Fiscalía dado que las vías judiciales en Venezuela se agotaron, así como también la activación de la justicia universal ante la Audiencia Nacional de España, estas últimas tramitadas por su despacho. Destacó que los crímenes que ha  denunciado han sido documentados tanto por ONGs, juristas, y abogados, también han sido respaldados por informes de la OEA y la ONU. Finalmente se mostró preocupado por la pasividad de la activación de la justicia penal internacional aun cuando “estamos ante la demostración de crímenes de lesa humanidad continuados en Venezuela”.

El doctor Eduardo Troconis respaldó activar la injerencia humanitaria en Venezuela como instrumento de justicia al rescate de los valores jurídicos de la Comunidad internacional: el respeto por los derechos humanos de los individuos. La injerencia humanitaria es el derecho que tienen los sujetos de la Comunidad Internacional -con la debida autorización del Consejo de Seguridad de la ONU- a emplear la fuerza sobre el territorio de cualquier Estado con el objetivo de proteger a los individuos, con independencia de su nacionalidad, frente a la violación de sus derechos fundamentales.

El Alcalde Antonio Ledezma y Miguel Henrique Otero coincidieron en solicitar al panel de expertos de la Corte Penal Internacional su orientación sobre otras alternativas que pudiera emprender la delegación venezolana para acelerar el inicio de la investigación por parte de la Fiscal Fatou Bensouda. A los crímenes de lesa humanidad ya denunciados ante la Comunidad Internacional y la CPI, se suma la grave crisis humanitaria de los venezolanos dentro del país: sin acceso a alimentos, a las medicinas, a la atención hospitalaria, a los servicios básicos, han convertido la situación en una especie de holocausto del siglo XXI, manifestaron en conjunto el Alcalde y el Editor del Diario El Nacional. Ante la petición de ambos líderes y destacados miembros de la oposición venezolana, tanto los abogados de la CPI como también el Presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, trasladaron a la delegación venezolana en  una serie de recomendaciones metodológicas  a seguir en la consignación de pruebas y evidencias, así como también instar al trabajo coordinado y unitario en la presentación de escritos ante la Corte Penal Internacional. Sobre este último punto, el doctor Simón Pedro Deffendini coincidió con los expertos en la necesidad de una hoja de ruta que aglutine el trabajo técnico de los juristas, abogados y dirigentes venezolanos en torno a la consecución de los objetivos inmediatos ante la Corte. Igualmente destacó la necesidad de incluir en las denuncias a  empresarios venezolanos, como víctimas de graves violaciones de  derechos humanos en el marco de la persecución por motivos políticos en Venezuela.

Estructura Organizada de Poder y Empresa Criminal Conjunta: la Cadena de Mando de Maduro

Quien escribe esta nota presentó ante el panel de expertos de la CPI sus reflexiones sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad ejecutada presuntamente por la cadena de mando del Presidente Nicolás Maduro Moros. Las violaciones graves de derechos humanos han sido llevadas a cabo bajo la figura  de lo que se denomina en Derecho penal internacional como Estructura Organizada de Poder (EOP por sus siglas) y también mediante la Empresa Criminal Común (ECC).

La ECC fue desarrollada por primera vez por los Tribunales de Núremberg y empleada por los tribunales penales internacionales. La CPI la empleó en el caso contra el Presidente en funciones Omar Al Bashir de Sudán y el líder Libio Muammar Gaddafi. Esta figura establece que el alto agente estatal se vale de la estructura de poder del Estado para ordenar, planificar y ejecutar la perpetración de crímenes internacionales, mediante un plan común cuyo objetivo es una parte de la población civil considerada como opositara al régimen de gobierno, es decir, por razones políticas. 

De conformidad con el Estatuto de Roma será penalmente responsable quien cometa el crimen “con o por conducto de otro”, quien induzca la perpetración del delito tanto consumado o en grado de tentativa, o que sea, o quien sea “cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión del crimen” de lesa humanidad “incluso suministrando los medios para su comisión”. De igual manera el Estatuto señala la RPI por el referido crimen de quien pretenda perpetrarlo “mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad” según lo dispuesto en el art. 25 ER. Por tanto,  debe distinguirse entre autoría y participación, con la finalidad de determinar la responsabilidad penal internacional correspondiente de los altos agentes  del Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional.

Mesa de trabajo y Comisión de expertos venezolanos 

La reunión concluyó con una mesa de trabajo liderada por Blas Imbroda, en representación de la Subcomisión de Extranjería  y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, con la participación de los abogados de la Corte Penal Internacional y de los representantes de la Delegación venezolana presentes. En la mesa se propuso integrar a destacados juristas como Víctor Rodriguez Cedeño ex Embajador de Venezuela y ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas; Diego Arria ex Embajador de Venezuela ante la ONU; y a la abogado Tamara Suju, Directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina. Finalizó el encuentro con la constitución de  una Comisión de expertos venezolanos para trabajar en conjunto con los altos representantes de la Corte, con la finalidad de examinar las estrategias a seguir desde el punto de vista técnico- jurídico que faciliten la decisión del inicio de la investigación por parte de la Fiscal Fatou Bensouda.