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Ante cierre de El Nacional impreso

Silvia Alegrett — Thu, 13 Dec 2018 22:40:10 +0000

Venezuelan Press suscribe el comunicado de Expresión Libre, en solidaridad con El Nacional. 75 años después de su primera edición en su sede de Marcos Parra a Pedrera, en el centro de Caracas, este diario anuncia el cierre de su edición impresa para continuar informando desde su sitio web.

https://twitter.com/VenezuelanPress/status/1073339364523020296

Su director Miguel Henrique Otero, declaró a ABC: «Para el gobierno es un logro que lleguemos a este punto, pero por otra parte es una oportunidad para desarrollar lo que es el futuro de la prensa». Sus periodistas, a los que califica de «luchadores» y «verdaderos valientes», seguirán peleando para contar a través de internet la penosa realidad venezolana que los medios oficiales callan.

El periódico fundado por el escritor Miguel Otero Silva junto a Henrique Otero Vizcarrondo, el 3 de agosto de 1943, tuvo como primer director a Antonio Arraiz, otro conocido intelectual venezolano.

Sobre El Nacional se ha abatido todo el peso del poder autoritario y abusivo del Gobierno. Uno de los primeros ataques lo recibió del propio Hugo Chávez cuando intentó descalificar al caricaturista Pedro León Zapata y siguió una lista interminable de ataques y atropellos que incluyen demandas en los tribunales por la publicación de fotografías e informaciones que no le agradaban a los burócratas de la dictadura, hasta el asalto de sus instalaciones por bandas chavistas.

Es muy extenso el rico patrimonio cultural e informativo que aportó El Nacional a la sociedad venezolana, a la libertad de expresión y a la democracia durante estos tres cuartos de siglo de circulación. Innovaciones en el campo del periodismo, apertura al mundo cultural y un nuevo enfoque en el diseño, caracterizaron a este diario como un periódico moderno que fue reconocido por el amplio apoyo de los lectores.

Sobre este diario, nacido en plena II Guerra Mundial, en la lucha contra el fascismo, se abatió una tormenta perfecta propiciada por el Gobierno: crisis económica, cerco y persecución judicial, y ausencia de papel periódico. A esta crisis se suma la tendencia universal que afecta a los medios impresos: el desplazamiento de los nuevas audiencias hacia internet.

El anuncio del cese de su edición impresa es una de las peores noticias para el periodismo y la democracia venezolana, porque este cierre se suma a los casi 80 diarios que han dejado de circular en los últimos cinco años con las catastróficas consecuencias para la libertad de expresión y el derecho a la información de nuestro pueblo.

Desde la ONG Expresión Libre y Venezuelan Press, hacemos llegar nuestro firme y solidario mensaje de reconocimiento a los periodistas y trabajadores de El Nacional en este momento crítico para la democracia y la libertad. Acompañamos su lucha contra la censura y por divulgar la verdad desde la web y enviamos un mensaje de aliento para no desmayar hasta conquistar, entre todos, una sociedad de respeto, tolerancia y libertad.

Rechazo el cierre de CNN en Venezuela

Silvia Alegrett — Thu, 16 Feb 2017 08:08:27 +0000

"Violando el derecho a la información de los venezolanos no se resuelven sus problemas. Como coordinadora general de Expresión Libre, rechazo la decisión de cierre de CNN en Venezuela".

Una vez más, Nicolás Maduro, abusando de su poder, queriendo defender su gobierno del escrutinio de los venezolanos, vuelve a violentar la Constitución y sin respetar el debido proceso, ordena la salida de CNN en Español de la parrilla de los canales por suscripción.

Por esta razón, en nombre de Expresión Libre, rechazo esta acción, aunque afirmo que la misma no causa sorpresa porque este gobierno, así como el que le antecedió, se ha destacado por su permanente rechazo a la libertad de expresión e información, presionando de diversas maneras a medios y periodistas independientes para impedir que cumplan con su obligación de buscar, elaborar y difundir las noticias.

“El gobierno solo desea medios sometidos, que divulguen propaganda y no los hechos de corrupción, criminalidad, desabastecimiento de alimentos y medicinas y desnutrición, entre muchos de los temas graves que afectan a los que viven en Venezuela”.

Esta acción solo confirma que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro, no le interesa actuar dentro de un marco democrático. Su deseo por permanecer en el poder, aun a costa de la destrucción del país, hará que siga violentando los derechos fundamentales de los venezolanos, entre ellos el derecho a estar debidamente informados y el derecho a expresarse libremente.

Solo en el mes de enero se contabilizaron cerca de treinta violaciones a la libertad de expresión, que van desde agresiones físicas y verbales a periodistas y reporteros gráficos, hasta el cierre de medios impresos por la falta de papel periódico. La mayoría de estas acciones fueron realizadas por funcionarios de los organismos de seguridad del Estado como Sebin, Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y por colectivos identificados con el gobierno. Todo enmarcado en una política de Estado para amedrentar a los periodistas y medios de comunicación independientes.

El gobierno ha comprado medios, ha obligado a autocensurarse a otros, ha presionado por el cierre de programas de opinión y ha cerrado emisoras de radio y televisoras regionales sin cumplir los mecanismos legales establecidos y ha sacado de las cableras a NTN24 y ahora a CNN en Español. Todas estas acciones solo demuestran que el gobierno de Nicolás Maduro no respeta la libertad de expresión e información y por lo tanto no es democrático.

Lo que no termina de entender el gobierno es que negando la realidad o tratando de ocultarla por los mecanismos antes descritos, no se resuelven los problemas de los venezolanos, por el contrario, se suma al rosario de calamidades que se vive en el país, la violación del derecho de todos los venezolanos a estar informados.

Elecciones parlamentarias con desequilibrio informativo

Silvia Alegrett — Wed, 21 Oct 2015 08:19:31 +0000

A la vuelta de la esquina tenemos las elecciones parlamentarias y por ello se acrecentarán las acciones desesperadas de un gobierno que sabe que ha perdido el apoyo de su pueblo, que se niega a revaluar su gestión, a reconsiderar cambios de fondo y botar al foso de los desechos, de una vez por todas, el tan mentado Socialismo del Siglo XXI, lo que nunca supo explicar el que de hombre pasó a convertirse en pajarito, según su heredero, quien tampoco nos ha podido instruir, tal vez por falta de eso mismo, de qué se trata ese revoltijo.

Se avizoran en el panorama nacional situaciones muy complicadas en donde los periodistas y medios de comunicación independientes tendremos un papel fundamental y por ello estaremos en la mira de los improperios y agresiones de quienes saben que la historia los está dejando en el pasado.

Sin haber arrancado formalmente la campaña electoral podemos ver cómo se comportarán las autoridades del Estado en favor de los candidatos oficialistas y cuál será el comportamiento del ente comicial, del que ya visualizamos “la cara de tabla” que pondrá con cada desafuero e ilegalidad que lleven a cabo quienes ostentan el poder.

Estas elecciones serán, en el plano comunicacional, de las más desequilibradas. Los principales medios de comunicación impresos, tanto nacionales como regionales, o han sido comprados por empresas de dudosa procedencia, con dinero, léase $, no sabemos venidos de dónde y con cambios en la política editorial de 180°, por supuesto a favor del oficialismo (Notitarde, Últimas Noticias, El Universal, entre otros), o ante la amenaza de quiebre por falta de publicidad oficial, se han sometido y han eliminado toda información que pueda mal ponerlos ante el gobierno local o nacional. Por otra parte, a los periódicos que no han dado su brazo a torcer el gobierno ha conseguido asfixiarlos controlando la importación de papel y otros insumos, logrando que algunos de ellos cierren o hayan tenido que dejar el formato impreso para emigrar hacia la plataforma digital o han tenido que reducir su salida impresa a una vez a la semana y el resto del tiempo estar en la WEB, como el caso de Tal Cual, Correo del Caroní, entre otros.

Mientras, la radio y la televisión sufren con el temor de perder su concesión a capricho de la revolución. Un dato revelador, 80% de las emisoras de radio en el país tienen su concesión vencida, lo afirmó Enza Carbone, presidenta de la Cámara de Radio de Venezuela y CONATEL, cumpliendo su papel de censor del gobierno, no ha procedido a otorgarlas a pesar de que las empresas han entregado sus documentos en regla.

Las televisoras privadas, entre la presión de la renovación de concesiones o la necesidad de obtener publicidad del gobierno (local o nacional), no informan sobre hechos en los que éste queda mal parado y tienen una programación atapuzada de cuñas, mensajes “institucionales” en los 70 minutos semanales establecidos por la Ley Resorte, cadenas nacionales, noticieros repletos de información del gobierno y poco o ninguna de lo que hace o denuncia la oposición, y eventualmente, algún programa de opinión en donde esporádicamente invitan a un vocero de las fuerzas democráticas.

En las semanas que quedan veremos el abuso comunicacional de quien ostenta el poder, siendo esta una de las razones por las que el CNE como el gobierno nacional se niegan a permitir la observación internacional antes, durante y después de los comicios. Y sin embargo, tienen el tupé de exigirle a la oposición la firma de un acuerdo de respeto al resultado de las elecciones, sin observación internacional y sin el cumplimiento de la ley electoral.

Hablar de transparencia en Venezuela es imposible

Silvia Alegrett — Mon, 19 Oct 2015 12:19:43 +0000

"Hablar hoy en día sobre transparencia en cualquier ámbito del Estado venezolano, no sólo es difícil sino que yo diría que es imposible.

Así comenzó mi participación como ponente en el Foro Internacional Desafíos Parlamentarios organizado por Cedice este miércoles 14 de octubre como ponente sobre el tema: La transparencia en la información parlamentaria. El evento contó, además, con la participación del diputado boliviano Oscar Ortiz Antelo y varios candidatos a diputados para las elecciones del 6D.

Texto completo de la ponencia de la Coordinadora de Expresión Libre, Silvia Alegrett

Hablar hoy en día sobre transparencia en cualquier ámbito del Estado venezolano, no sólo es difícil sino que yo diría que es imposible. Y si enlazamos la palabra transparencia con información, estaremos entrando en un terreno de alta peligrosidad, y nos exponemos a ser acusados de conspiradores, manipuladores, traidores, o de extraterrestres, de cualquier cosa, por haber tenido la osadía de plantear la falta de transparencia, o no, en la gestión de cualquiera de los poderes del Estado y más aún, por haber alucinado con la idea de poder tener acceso a la información de los diferentes entes gubernamentales y dar a conocer a los ciudadanos, de forma equilibrada y transparente, cómo se está gobernando el país.

Aterrizando en el tema que nos ocupa hoy, es decir la transparencia en la información en el parlamento nacional, nos preguntamos, qué transparencia podemos esperar en la gestión de una Asamblea Nacional cuya mayoría traicionó la razón de ser de ese órgano legislativo, que no es otra cosa que:

- Representar a los electores de las entidades federales que los eligieron, así como representar también a los diferentes sectores de la vida nacional.

- Legislar para hacer las leyes que realmente requiere el país, y

- Controlar la actuación del gobierno nacional.

Para ponérselas facilito, qué transparencia en la información podemos esperar de una AN que no cumple con su función de legislar y delega en el Ejecutivo Nacional esa función, a través de leyes habilitantes. ¿Ustedes han sumado?

En la era de Chávez, éste legisló por 54 meses, a través de cuatro leyes habilitantes, lo que significó 4 años y cinco meses en los que la AN no hizo su trabajo sino que lo hizo el Ejecutivo Nacional. Y si vemos el caso de quien hoy ocupa la primera magistratura, Nicolás Maduro, para cuando finalice el 2015 habrá tenido 32 meses de gobierno de los cuales durante 21 meses habrá trabajado por la AN, legislando a través de dos Leyes habilitantes, la primera aprobada en noviembre de 2013 por 12 meses y la segunda, aprobada en marzo de 2015 por nueve meses y que finalizará este diciembre. Ésta es la calidad de Asamblea Nacional que hemos tenido que calarnos en los últimos 16 años.

Ahora bien, en cuanto a información. ¿Qué ha hecho la AN en esta materia?

Ante todo debemos dejar claro que la información es un derecho humano contemplado en el marco normativo internacional, entre las que cabe destacar:

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos - Art. 19 (1948)

• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Art. 19 (1966)

En el marco normativo continental:

• Declaración Americana – Art. IV

Convención Americana de Derechos Humanos/ Pacto de San José de Costa Rica- Art. 13 y 14 (1969)

• Ley Modelo sobre Acceso a la Información Pública de la OEA

Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión. Asimismo, la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 4º que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

Y en el marco normativo nacional tenemos:

La Constitución Nacional aprobada a través de una constituyente en 1999, en donde el derecho de acceso a la información pública está considerado en los Artículos 28, 51, 57, 58, 108 y 143. En dichos artículos queda establecido, entre otras cosas, que los funcionarios públicos deben proporcionar información; que toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados; que se puede acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas; se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades y se establece, expresamente, que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Quedan como única excepción, la que dispone como información reservada y clasificada por el Ejecutivo Nacional, que esté relacionada con planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación.

Por otra parte, la Ley de Ejercicio del Periodismo, aprobada en 1972, en su Art. 4 establece que todos los ciudadanos o extranjeros pueden expresarse libremente a través de los medios de comunicación social, sin más limitaciones que las establecidas en la constitución y las leyes Y en el art. 5 se le da la responsabilidad al Colegio Nacional de Periodistas de ”Salvaguardar la libertad de expresión, el derecho de información y el derecho a la información.

Vamos a analizar la actuación de la AN en el tema de la transparencia de la información desde dos perspectivas:

A nivel interno: El ente que dicta leyes que deben compaginar con la Constitución Nacional, por el contrario violenta la carta magna al aprobar restricciones legales que contribuyen a la opacidad dentro la Asamblea Nacional.

Se aprobó el Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional que establece que “el registro de sus actividades será confidencial”. Además, de acuerdo a esta normativa sólo pueden acceder al salón de sesiones del órgano legislativo los periodistas del medio de comunicación de la Asamblea Nacional, prohibiéndose el acceso de otros medios o personas.

Se crea ANTV, la televisora de la AN y la página web, que aun cuando son herramientas de comunicación de la Asamblea Nacional, los diputados representantes de otras fuerzas políticas diferentes a los partidos que apoyan el gobierno, no tienen cabida en sus espacios. Y la Dirección Estratégica de Comunicación y Relaciones Institucionales de la AN no se ocupa de darle divulgación al trabajo de los diputados de la oposición.

En cuanto a su gestión legislativa: A pesar de toda la base legal que existe, la AN, en el ámbito de la información, sólo ha aprobado leyes de carácter restrictivo.

Transparencia Venezuela llevó a cabo un estudio sobre lo que se ha legislado en los últimos años en forma contraria al derecho de acceso a la información. En su informe “Es Legal pero injusto” se encontraron 60 normas que limitan o violan el derecho de Acceso a la Información Pública de un total de 475 analizadas.

Estas normativas solo han contribuido a darle opacidad:

Poder Público Nacional

La Ley del Estatuto de la Función Pública
La Ley Orgánica del Poder Municipal
La Ley Orgánica de la Administración Pública
La Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información de la Administración Pública
Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público

Opacidad en materia económica

La Ley del Banco Central de Venezuela
La Ley de Contrataciones Públicas
La Ley Orgánica de Hidrocarburos

Opacidad en Servicios Públicos

La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones

Criminalización de la libre expresión

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión que luego fue modificada para agregar los medios electrónicos
Reforma del Código Penal

Inclusión de disposiciones restrictivas o regulatorias de los derechos comunicacionales en leyes de otras áreas

Ley de Educación, Ley de los Consejos Comunales, Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales

Opacidad al Poder Público Nacional: por ejemplo,

-La Ley del Estatuto de la Función Pública, exige que todo ciudadano deba de demostrar un interés legítimo para acceder a cualquier información de carácter público.

Opacidad en materia económica: por ejemplo,

-La Ley del Banco Central de Venezuela, da a su Presidente la facultad discrecional para determinar la confidencialidad de cualquier información que considere una amenaza a la seguridad y estabilidad monetaria.

Opacidad en materia de Servicios Públicos: por ejemplo,

-La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, establece que quienes hayan revelado secretos sobre la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional serán castigadas con prisión de 8 a 16 años.

La AN legisló para darle rango legal a la criminalización de la libre expresión: por ejemplo,

- Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión que luego fue modificada para agregar los medios electrónicos, que es de carácter altamente punitiva y que tiene divergencias con la Constitución Nacional.

Inclusión de disposiciones restrictivas o regulatorias de los derechos comunicacionales en leyes de otras áreas

Ley de Educación, Ley de los Consejos Comunales, Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, lo que le brinda al gobierno poder de restringir aun más los derechos comunicacionales en leyes de otras áreas.

Y sin embargo todavía hoy no se ha aprobado la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Un Estado que promueva el secretismo nunca podrá ser transparente ni justo. Garantizar el derecho humano de estar informado, de tener acceso a la información pública, y con ello romper con ese enfermizo secretismo es una obligación de la Asamblea Nacional.

Los ciudadanos eligen a sus representantes ante la AN para que los defiendan con leyes y a la vez controlen la gestión del gobierno.

Se debe impulsar el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, promoviendo principios básicos pero necesarios a favor del Acceso a la Información Pública, a partir de aportes del derecho internacional, el marco constitucional y legal venezolano y las experiencias de otros países.

Conclusión

Es la AN la que debe legislar en contra de la cultura de la opacidad que ha institucionalizado el gobierno venezolano, debe hacerlo con normas, procesos, sistemas y prácticas de transparencia, garantizando activamente su cumplimiento, lo cual dará la opción de construir un sistema democrático justo, equitativo y libre.

La actuación de la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional ha desdibujado la misión, visión y objetivo de este importante poder del Estado.

Asamblea Nacional

MISIÓN

Legislar, estudiar, analizar las leyes para proteger y enaltecer el trabajo, promover el bienestar general y la seguridad social, lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza y fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre.

VISIÓN

Ser un Poder Legislativo Nacional, democrático, protagónico, pluricultural y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y la pertenencia de las leyes para ésta y las futuras generaciones.

OBJETIVO

Garantizar el ordenamiento jurídico del país y su adecuación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Se ha legislado en función de los intereses del partido de gobierno en nombre de una ideología trasnochada y no en función de promover el bienestar general y la seguridad social; que dejó de ser democrático, protagónico y descentralizado y ha violentado con las normativas aprobadas, la mayoría de ellas a través de leyes habilitantes, la propia Constitución Nacional.

Un país con el Poder Legislativo secuestrado por el Poder Ejecutivo jamás podrá ejercer contraloría sobre el gobierno en ejercicio, ni legislará en función del bienestar de la población, por lo que es imperioso el rescate de la Asamblea Nacional para beneficio de la democracia.

¡Muchas gracias!

Para una sociedad no hay nada peor que la impunidad

Silvia Alegrett — Mon, 03 Aug 2015 09:27:12 +0000

Hace casi un mes Venezuela se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), órgano encargado de monitorear y examinar la implementación y cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el marco de la 114° Sesión del Comité de Derechos Humanos.

Y aun cuando ya comentamos algunas de las incidencias en ese importante proceso, quiero volver sobre un tema que no ha tenido ninguna consecuencia. Me refiero al tema de la impunidad.

Al presentar su informe sobre los avances del país en materia de derechos civiles y políticos, la jefa de la misión del Estado, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, afirmó que, “En Venezuela el derecho a la vida es inviolable, es sagrado. La Carta Magna prohíbe la pena de muerte y es obligación del Estado proteger la vida en cualquier circunstancia”. Afirmando que la seguridad ciudadana es un tema prioritario para lograr la protección de las personas frente a situaciones que constituyen amenazas, vulnerabilidad o riesgo para su vida e integridad física.

Sin embargo, las cifras de la organización COFAVIC, son aterradoras. En 2014 se contabilizaron 1.018 ejecuciones extrajudiciales, lo que revela que este tipo de violación a los derechos humanos está en franco aumento.

En el tema de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes ocurridos en el contexto de protestas estudiantiles de febrero a junio de 2014, COFAVIC indicó que el Ministerio Público había informado que de las 238 investigaciones iniciadas, en el 85% de los casos no se continuó con el proceso.

Por otra parte, según el Observatorio Venezolano de Violencia, en el año 2014 fueron asesinados 24.980 personas, es decir, 82 muertes por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el año 2014 se documentó el ingreso de 8.049 casos de violación de derechos humanos y el 99% de los casos no llegó a juicio.

Por su parte la ONG Espacio Público indicó que el 2014 es el año con más violaciones a la libertad de expresión en los últimos 20 años, documentándose 579 violaciones a ese derecho, de las cuales 91 fueron agresiones a periodistas, fotorreporteros, trabajadores de medios e infociudadanos. En ese año 45 periodistas y 34 reporteros gráficos fueron agredidos, a esa lista se le suman 9 trabajadores de medios. Ninguno de estos casos ha tenido respuesta legal, a pesar de las denuncias ante la fiscalía y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas –CICPC-. Es decir, estos casos forman parte del 99% de casos que no llegaron a juicio, que han quedado impune.

Estas cifras que en cualquier país medianamente serio, hubiesen ocasionado como mínimo la renuncia de la Fiscal General de la República y del director del CICPC, y una interpelación ante la Asamblea Nacional, de estos funcionarios y del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en Venezuela ni siquiera hicieron pestañear a quienes hoy dirigen el país.

Lo que sí ha pasado es que han continuado las agresiones a los periodistas, dos casos en junio y de mucha gravedad ocurrieron en el estado Aragua. El reportero gráfico Alejandro Ledo, fue lanzado desde lo alto de la platabanda de la sede de una alcaldía, sufriendo fracturas y otras lesiones. También fue empujada la periodista Elena Santini, sufriendo fractura en un pie, y el periodista Pedro Torres, resultó con contusiones en el rostro, a causa de la golpiza propinada. Los instrumentos de trabajo del reportero gráfico fueron dañados.

Y en menos de quince días, la periodista Beatriz Lara y el camarógrafo Alfredo Paradas se convirtieron en víctimas de funcionarios del Cicpc de la subdelegación Villa de Cura. Ambos trabajadores del diario El Aragüeño cumplían labores propias de su profesión cuando fueron sometidos por los funcionarios, amarrados a un poste, recibiendo golpes e insultos procaces. La periodista posteriormente fue obligada a desvestirse en una oficina, acusada de ocultar un arma de fuego. Los efectivos policiales amenazaron con procesar judicialmente a Lara y Paradas, pero al final no procedieron.

Ha pasado más de un mes de estos acontecimientos y hasta la fecha no se tienen noticias de si a los culpables de estas agresiones les han seguido algún procedimiento legal.

La impunidad es el mecanismo más expedito para fomentar la criminalidad y las agresiones. La impunidad enferma a la sociedad.

@silviaalegrett

Estamos mal… pero vamos bien

Silvia Alegrett — Wed, 13 May 2015 09:32:00 +0000

Frase emblemática que acuñó Teodoro Petkoff, director del periódico Tal Cual, cuando fue ministro de Planificación del gobierno de Rafael Caldera, y que esta semana sirvió de portada en la edición especial de este diario por su XV aniversario, hoy convertido en semanario, gracias al empeño del gobierno venezolano de ahorcar a este medio que ha sido un crítico implacable de sus desmanes y desaciertos.

Estamos mal… pero vamos bien, porque como lo explica Tal Cual en su edición aniversario, a pesar de los múltiples problemas el país se reinventa.

Estamos mal… pero vamos bien, porque a Tal Cual, lo multan, le hacen juicios a sus directivos y a sus colaboradores, agreden a sus periodistas, no le dan papel, y en vez de sucumbir, se reinventa, pasa a semanario ahora remozado junto con su página digital.

Estamos mal… pero vamos bien, porque la manipulación de la justicia venezolana y el abuso de poder impidieron que Teodoro pudiera recibir en persona el premio Ortega y Gasset que le otorgara el diario El País en reconocimiento a su trayectoria, pero los motivos de esa ausencia, el premio, las palabras del expresidente Felipe González y del escritor Mario Vargas Llosa hicieron que la noticia recorriera el mundo desenmascarando al gobierno de Maduro.

Estamos mal… pero vamos bien, porque tenemos una crisis económica que ubica al 23% de los hogares de Venezuela en pobreza extrema, con un índice de inflación que se estima cerrará este año con tres dígitos, pero con venezolanos demócratas que no se rinden, preparándose para las elecciones parlamentarias para iniciar el regreso a la democracia.

Estamos mal… pero vamos bien, porque en el mes de abril siguieron las violaciones a la libertad de expresión, pero a pesar de estas agresiones, de la censura, del cierre de medios, de la compra de medios en negociaciones nada claras con cambio incluido en la política editorial a favor del oficialismo, del despido de periodistas, el periodismo en Venezuela se reinventa buscando informar por cualquier rendija, se replantea el oficio e incorpora las nuevas tecnologías para evadir el cerco de la hegemonía comunicacional que implanta el gobierno.

Violaciones a la libertad de expresión en Venezuela en abril 2015

La entrega en forma discriminatoria de papel a medios privados y la escalada de los precios que deben pagar por otros insumos importados, profundizó durante el mes de abril la crisis de varios diarios venezolanos: Notidiario, de Delta Amacuro, cesó en su publicación impresa; El Carabobeño, de Valencia, que ya había pasado a tamaño tabloide, alarga su cierre usando el papel que estaba destinado para su revista; El Siglo, de Maracay, Estado Aragua, anunció que sus reservas de papel están exhaustas y El Nacional sigue confrontando enormes problemas para mantener su edición impresa.

Una nota de la periodista Delia Meneses sobre la quema de un Judas alegórico a personeros del gobierno, fue censurada en el diario El Universal. Suspendieron entrevista a la dirigente política María Corina Machado, pautada en la televisora A1TV del estado Falcón, por instrucciones del gobierno regional.

El gobernador del estado Lara, Henri Falcón, respondió de manera airada al periodista Ramón Véliz. Al día siguiente le pidió excusas públicas. Los reporteros Dayimar Ayala, del diario “2001”, y Hernán Lugo, de El Nacional, fueron insultados durante un acto en el Teatro Municipal porque se mantuvieron sentados mientras se cantaba el himno del PSUV. Al periodista Gustavo Gómez Morón, reportero de Venevisión y Unión Radio, le escupieron en la cara cuando cubría la suspensión de venta de boletos en bolívares por parte de Cubana de Aviación.

La periodista Madelyn Palmar y el diputado Julio Montoya fueron retenidos por efectivos militares cuando efectuaban una grabación sobre la situación que viven habitantes de la Ciudad Comunal El Laberinto del Estado Zulia. Le quitaron parte del material a la periodista y el teniente que les impidió seguir grabando y amenazó con llevarse detenida a la periodista, anunció que “le entregaremos esto al diputado Diosdado Cabello”.

La periodista Eliana Andrade moderadora por cinco años del programa “Polos Encontrados” de TVS, del estado Aragua, fue despedida por comentarios subidos de tono en su facebook personal, al rechazar las políticas del gobierno para la adquisición de divisas. La decisión partió del gobierno regional. Luego recibió mensajes agresivos por parte de funcionarios de ese estado. El Grupo Ultimas Noticias despidió al periodista Jesús Hurtado, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, por textos publicado en su página de facebook en protesta por la política informativa del diario. La periodista Geisha Torres, con 15 años de carrera en la fuente deportiva, fue contratada y despedida por el canal del Estado TVES en una semana por presiones políticas, por una foto tomada hace siete años con el dirigente opositor Henrique Capriles durante un evento deportivo, difundida por las redes sociales.

Se informó que la Corporación Maneiro, que recibe papel en forma monopólica y luego suministra a medios oficialistas y privados, tiene una deuda internacional con sus proveedores de ocho meses.

El delito de opinión se sigue aplicando. El ingeniero electricista Luis Vásquez Corro, miembro de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, fue detenido por el SEBIN por declaraciones sobre posibles efectos del fenómeno El Niño en el servicio eléctrico.

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó por difamación a 22 directivos de los diarios El Nacional y Tal Cual y el diario digital La Patilla, publicaciones que se hicieron eco de las graves acusaciones que su ex colaborador Leamsy Salazar hizo desde el exterior.

La policía bolivariana y la guardia nacional arremetieron contra los que preparaban un acto de la oposición en Anaco, estado Anzoátegui y pusieron presos a siete personas entre ellas al periodista Luis Córdoba, a quien tiraron al piso y le rompieron la cámara fotográfica y su celular. Está comprobado que en época de elecciones se incrementan las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

@silviaalegrett