Funcionarios de inteligencia detuvieron a fotógrafo de El Nacional

La libertad de expresión en Venezuela se encuentra cada día más amenazada. El hecho más reciente ha sido la detención arabitraria del reportero gráfico Raúl Romero, del diario El Nacional y el portal web HispanoPost, por presuntos funcionarios de inteligencia cuando se encontraba registrando imágenes de una protesta en el Hospital General Dr. Victorino Santaella, ubicado en la avenida Bicentenario de Los Teques, estado Miranda. El hecho ocurrió a las diez de la mañana del 17 de enero.

Raúl Romero relató a IPYS Venezuela que luego de hacer varias fotografías sobre una protesta de médicos y enfermeros por mejoras laborales y falta de insumos, fue abordado por tres hombres a 800 metros del lugar. Dos de ellos se identificaron como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y el otro, como funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos cuerpos de inteligencia del Estado. Romero aseguró que los tres hombres lo abordaron con un revolver Magnum y otro calibre 38.

“Yo me asusté. No sabía si se trataba de un secuestro o un atraco. Estas no son armas de reglamento”.

Explicó que los hombres intentaron despojarlo del bolso en el que cargaba su cámara fotográfica. Por esta razón, comenzó a pedir auxilio a una Comisión de la policía del municipio Guaicaipuro que pasaba por el lugar. Los funcionarios de este cuerpo policial se acercaron y les pidieron a los hombres que se identificaran. Fue así que Romero pudo conocer a qué organizaciones presuntamente pertenecían estas personas. El reportero señaló a estos hombres, quienes portaban camisas negras y conducían motocicletas pésimo estado, como “colectivos con chapa”.

Uno de los funcionarios de contrainteligencia ordenó que esposaran a Romero porque estaba solicitado. Fue en ese momento que lo arrodillaron y apuntaron con el fin de esposarlo. Uno de los efectivos de la policía de Guaicaipuro le quitó las esposas al reportero y le ordenó que los acompañase en motocicleta.

El reportero gráfico logró escapar por un camino que le permitió adentrarse nuevamente a la protesta y advertir a las personas acerca de lo que estaba sucediendo. Pocos segundos después, el reportero recibió una llamada de uno de los efectivos, quien le pidió acercarse a la sede municipal del cuerpo policial, ubicada en Los Teques.

“¿Cuál fue mi sorpresa? Una vez adentro, me encuentro nuevamente con los funcionarios que intentaron llevarme esposado hacía poco”, recordó impresionado.

Los funcionarios le pidieron su herramienta de trabajo y comenzaron a hacerle preguntas vinculadas al núcleo familiar de otro colega que labora en la entidad. Romero aseveró a los funcionarios que lo único que hacía era cumplir con su trabajo, y que si iban a encarcelarlo, su único delito sería hacer fotografías para el diario El Nacional y el portal HispanoPost.

A los pocos minutos, el reportero gráfico pudo reunirse con Miriam Pacheco, secretaria de seccional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el estado Miranda, quien acudió al lugar. Pudo retirarse de la sede policial alrededor de las once de la mañana con su equipo fotográfico intacto y con las imágenes que logró registrar durante la protesta.

Este hecho representa una detención arbitraria por parte de funcionarios de inteligencia vinculada a limitaciones de acceso a la cobertura de asuntos de interés público con fines intimidatorios.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, IPYS Venezuela registró al menos 54 limitaciones a la cobertura de protesta en el país. Otras 25 alertas a la libertad de expresión estuvieron vinculadas a detenciones arbitrarias de periodistas y reporteros gráficos por parte funcionarios de cuerpos policiales, militares y de inteligencia durante la cobertura de asuntos de interés público en 2016.

El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a la comunicación libre y plural sin censura.

Fuente Ipys Venezuela