Prohíben a periodistas venezolanos denunciar casos de corrupción

Una nueva y grave agresión a la libertad de expresión e información se está cometiendo en Venezuela con la medida del Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y de Tránsito del estado Barinas, a cargo de la juez, abogado Nayade Mercedes Osorio Flores, que pretende silenciar a los medios impresos de la entidad: Diario La Prensa, Diario La Noticia y Diario Los Llanos, mediante un amparo constitucional cuya cautelar prohíbe la publicación de denuncias sobre indicios de corrupción en el cual se involucre al gobernador Adán Chávez en acusaciones que no hayan sido ventiladas por los órganos jurisdiccionales correspondientes.

“El acto judicial, que se hace público el martes 23 de agosto en horas de la tarde a partir de la entrega de la boleta de citación a los editores para que acudan a la audiencia oral en las próximas 96 horas, se produce tras varias denuncias de presuntos hechos de corrupción que involucran al gobernador de Barinas, Adán Chávez, y que han sido sustentadas y procesadas ante la Comisión de Contraloría del Poder Parlamentario por el diputado de la Asamblea Nacional Freddy Superlano, representante del partido Voluntad Popular”, contextualizó el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Barinas, Wolman Linares.

Para Linares "es evidente el uso de la vía judicial para limitar y neutralizar al mensajero, que somos los medios y los periodistas, pues saben que no tienen la correlación de fuerza política en la Asamblea Nacional para despojar de la inmunidad parlamentaria a los denunciantes que gozan de esa prerrogativa".

El periodista venezolano se sorprende de que en un momento en donde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sistematiza y procesa innumerables presuntos casos de actividades tipificadas como delito en la Ley Anticorrupción bajo la gestión del gobernante Adán Chávez, ahora se pretenda colocarle un escudo protector al denunciado al establecer en el expediente una medida cautelar que ordena a los editores y directores de los medios impresos de la región (Belkys Chacón de El Diario de Los Llanos, Alberto Santeliz y Rubico Ramírez de La Prensa y Héctor Villamediana y Dayana Venero de La Noticia) a que se abstengan de exponer en sus ediciones “cualquier información” donde aparezca la imagen del gobernador de Barinas vinculado con hechos de corrupción que no hayan sido procesados por el sistema judicial venezolano.

"Nos preocupa que se use a los tribunales, garantes de la administración de justicia del país, para limitar el derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

El gremio, que tiene en la ley y en el Código de Ética la sagrada misión de resguardar y defender la libertad de expresión, rechaza ante la opinión pública, regional, nacional y mundial, esta acción que viola el artículo 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que persigue como objetivo, callar los resultados del periodismo de investigación y las indagatorias adelantadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional sobre actuaciones de organismos bajo la gestión del actual gobernador de Barinas.