El Gobierno de España, a través del ministerio de la Presidencia, ha impulsado un plan para actuar contra la desinformación y “la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos”. Y, como era de esperarse, las organizaciones de periodistas no han tardado en pronunciarse, la primera: la Federación de Asociaciones de Periodistas de España FAPE, de la que Venezuelan Press es asociación vinculada, y por tanto suscribe su posición.

En un comunicado, la FAPE ha instado al Gobierno de España a que aclare cuanto antes las funciones y cometidos que tendrá el recién creado “Comité para la lucha contra la desinformación”, que reza:

La disposición publicada en el BOE deja en el aire varios aspectos importantes que nos suscitan una profunda preocupación por las eventuales consecuencias que pueda acarrear al libre ejercicio del periodismo.

Ante el riesgo de que el susodicho Comité pueda entrar en valoraciones que afecten a la libertad de información, la FAPE recuerda al Gobierno que son los periodistas y los medios los que, bajo el amparo del artículo 20 de la Constitución, deciden qué es y qué no es noticia y qué es lo que se publica o no.

Un comité, y mucho menos uno gubernamental, nunca podrá decidir sobre la libertad editorial de un medio.

El Gobierno tendría que aclarar cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación y qué medidas adoptará para ello.

Los periodistas somos los primeros interesados en combatir la desinformación, especialmente porque nuestro prestigio y credibilidad se fundamentan en la difusión de información veraz, pero entendemos que ese combate debe efectuarse en el marco de la ley.

Si un medio o un periodista incumplen la ley, para sancionarlos están los tribunales.

La FAPE considera que la creación de este Comité solo tiene sentido si va dirigido a afrontar, en estrecha cooperación con la Unión Europea, las campañas exteriores de desinformación que pongan en peligro los fundamentos de nuestra democracia.

La FAPE estará muy atenta a que este Comité, al ser una dependencia del Gobierno, pueda ser utilizado con fines políticos o para limitar el derecho constitucional a la libertad de expresión.

La FAPE siempre ha defendido, y defiende, la autorregulación, que en nuestro caso se concreta en la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, un órgano independiente que atiende las reclamaciones por incumplimiento de nuestro Código Deontológico.

Recordamos que nuestros límites en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que ampara la libertad de prensa y el derecho de información, están en las leyes, en nuestro código deontológico y en la ética personal.